Áreas Marinas Plenamente Protegidas: conservación y pesca sustentable

Por: Gabriel Quadri de la Torre

El territorio marino de México —que incluye el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva— cubre una superficie 1.5 veces mayor a su territorio terrestre. Este territorio marino ha sido severamente explotado en un escenario de debilidad institucional, captura de entidades de gobierno por parte de intereses pesqueros, ilegalidad y pesca no reportada o no regulada, vigilancia muy limitada y virtual ausencia (hasta noviembre de 2017) de Áreas Marinas Plenamente Protegidas (AMPP) y a salvo de la pesca. Esto ha traído como consecuencia el deterioro de muchas pesquerías; que numerosos ecosistemas hayan sido fuertemente impactados; y que poblaciones de especies marinas carismáticas hayan sido diezmadas y llevadas al borde de la extinción comercial o biológica.

La ciencia y la experiencia en diversos países han concluido en la necesidad de establecer grandes zonas marinas protegidas con exclusión total de pesca, o al menos con exclusión de pesca industrial y no selectiva, como instrumento primordial para la recuperación de los océanos y de las propias pesquerías. En este sentido, México ha asumido los compromisos de Aichi, del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU, que lo obligan a proteger —al menos— 10% de la superficie marina nacional para el 2020. Por otro lado, también la ciencia, y más allá de las metas de Aichi, ha considerado el imperativo de proteger 30% de la superficie marina del planeta con la finalidad de asegurar la integridad de los ecosistemas, la supervivencia de las especies y la recuperación de pesquerías hoy sobreexplotadas.

Estos desafíos, no obstante, se presentan en un contexto de graves limitaciones institucionales en nuestro país que implican grandes restricciones al quehacer institucional en materia de conservación y reflejan el bajo nivel de prioridad real que la sociedad y el gobierno en México le han otorgado al tema.

Preocupan también las magras capacidades de vigilancia y aplicación de la ley que poseen tanto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) como la Secretaría de Marina-Armada de México. Ello, a pesar de la creación en 2017 de la Guardia Costera a instancias de la propia Coalición en Defensa de los Mares de México (CODEMAR), con facultades integrales de vigilancia, inspección y aplicación de la ley en el mar.

El hecho real es que casi 50% de la pesca en México es ilegal, dado que se lleva a cabo sin permisos, en violación de vedas, con artes de pesca no permitidas, con captura de especímenes de tallas muy pequeñas o en zonas prohibidas.

¿A quién pertenecen los mares de México?

Al fondo de los problemas de México para gestionar sustentablemente sus mares y recursos marinos subyace un gran vacío de visión y perspectiva. ¿A quién pertenecen los mares de México? ¿Quiénes tienen derecho a valorarlos y a darles diferentes destinos? Hasta ahora, a pesar de que los mares son propiedad de la Nación de acuerdo con el Artículo 27 Constitucional, pareciera que la industria pesquera posee derechos exclusivos de uso y abuso.

Virtualmente todo el mar territorial y patrimonial es explotado casi sin cortapisas. Pesquerías decaen, especies desaparecen y ecosistemas marinos completos son impactados en contra de la sustentabilidad de la propia industria. Casi todos los actores del sector pesquero asumen que los mares y sus recursos son su propiedad. Con dificultad admiten otro actor o interés, aunque se trate de intereses públicos; por ejemplo, en favor de la conservación, del aprovechamiento sustentable o del turismo de observación y disfrute —no consuntivo— de especies y ecosistemas marinos.

El poder de los intereses pesqueros es ubicuo en los mares nacionales. Recordemos cómo la mayor parte de la Zona de Exclusión en la Sonda de Campeche, donde se localizan las instalaciones estratégicas de la industria petrolera en México, ha sido recientemente abierta a la explotación pesquera, a pesar de riesgos muy claros para la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura. También, a pesar de que eso significa romper una verdadera caja de ahorro ecológico y pesquero en el Golfo de México.

El poder de la industria pesquera también se manifestó también con rechazo a la iniciativa de la Ley General de Biodiversidad que pretendía otorgarle a la SEMARNAT facultades en materia de vedas a la explotación de especies marinas.

Otra expresión palmaria del poder pesquero es el fuerte caudal de subsidios que otorga la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) a la industria y que representan más de 70% de su presupuesto, incluyendo subsidios a combustibles (diesel marino y gasolina ribereña, motores, embarcaciones menores, y cascos y equipamiento a embarcaciones mayores).

La entrega total e insostenible de los mares a la explotación pesquera no está escrita en ningún lado; es consecuencia de un soslayo histórico, institucional y cultural hacia nuestro territorio marino y de la sobrerrepresentación política otorgada a los actores del sector. Esto último, no obstante que la pesca contribuye con un porcentaje muy pequeño del Producto Interno Bruto (PIB): apenas 0.1%, y del empleo de la Población Económicamente Activa (PEA) total: 0.34%.

La Tragedia y cómo superarla

En el contexto de un acceso virtualmente irrestricto de la pesca a casi todo el territorio nacional marino y la Zona Económica Exclusiva, se configura en muchas circunstancias en los mares de México una típica Tragedia de los Recursos Comunes. Explotar lo más posible en el menor tiempo posible es la lógica predominante que, empujada por los subsidios de CONAPESCA, ha llevado a que cerca del 85% de todas las pesquerías nacionales se encuentre en deterioro o en explotación máxima.

La tragedia revela profundas deficiencias regulatorias y de política pública, así como fallas institucionales que impiden una intervención regulatoria gubernamental asertiva y eficaz, por ejemplo, en términos de zonas de pesca restringidas, selectividad de artes de pesca, vedas, tallas mínimas, minimización de capturas incidentales, número máximo de embarcaciones y esfuerzo pesquero, registro exhaustivo de desembarcos, vigilancia estricta y sanciones creíbles a infractores, cuotas máximas, cuotas transferibles, derechos territoriales exclusivos de pesca y, sobre todo, con grandes Áreas Naturales Protegidas de exclusión pesquera. Éstas últimas, fundamentales como viveros o zonas de desove y crecimiento, reproducción y recuperación, y de conservación y restauración de ecosistemas y cadenas tróficas, capaces de exportar especímenes y biomasa a áreas contiguas donde podría llevarse a cabo una pesca sostenible y mucho más productiva.

Téngase en cuenta que animales marinos más grandes tienen un mucho mayor potencial reproductivo, y que estos sólo pueden crecer y multiplicarse de manera plena a salvo de la presión pesquera en Áreas Naturales Protegidas que así lo establezcan. De esta forma, la conservación sería soporte funcional de una industria pesquera floreciente, productiva, competitiva y viable a largo plazo.

Foto: J. S Lamy para ShutterStock.