Subsidios a la pesca, perversión

Por: Gabriel Quadri de la Torre

La magnitud de los subsidios a la pesca en México es muy considerable y sus impactos son devastadores. Conapesca destina más de 70% de su presupuesto a subsidios, y una fracción ínfima a inspección y vigilancia y aplicación de la ley. Esto último es causa de un abrumador dominio de la pesca ilegal, no reportada y no registrada (como se constató esta semana con la muerte de más de 300 tortugas golfinas —especie protegida— en redes de enmalle de pescadores locales en Oaxaca, los cuales seguramente quedarán impunes).

Conapesca entrega cada año alrededor de 2 000 millones de pesos en promedio a la industria pesquera como subsidio a combustibles, renovación y sustitución de embarcaciones, motores, equipos de refrigeración y de localización satelital (datos de pescandodatos.org y DataMares generados con información oficial). A esto hay que añadir los subsidios prodigados por gobiernos estatales, difíciles de cuantificar por ahora.

La concentración económica y social de los subsidios es notable: sólo 10% de los beneficiarios (empresas de pesca industrial) concentra 70% del total. Aproximadamente, 360 millones de pesos anuales destina Conapesca a subsidios para combustibles, en gran parte diesel marino de flotas industriales y en menor medida para gasolina de embarcaciones menores ribereñas. De esta cantidad, 60% se concentra sólo en dos estados: Sonora y Sinaloa. El subsidio a los combustibles permite, por ejemplo, la operación de la flota camaronera de arrastre, que sin ellos no sería rentable. Recordemos que los barcos pesqueros de arrastre arrasan directamente los ecosistemas del fondo marino con altos costos energéticos. Su equivalente en tierra sería un bulldozer con una enorme cuchilla que avanza desmontando y destruyendo un bosque tropical. Por cada tonelada de camarón capturado matan entre siete y 10 toneladas de “fauna de acompañamiento” misma que en su mayor parte es desechada —muerta— al mar. Del camarón así “producido”, 85% se exporta para su consumo en Estados Unidos.

En general, los subsidios a los combustibles inducen un mayor esfuerzo pesquero, más viajes a mayores distancias, y más días de pesca, lo que contribuye a la depredación incesante de los mares de México. Por ello, casi 80% de las pesquerías en México están sobreexplotadas o en el umbral de la sobreexplotación. También, anualmente, entre 400 y 500 millones de pesos son destinados por Conapesca a renovar y sustituir barcos industriales, principalmente palangreros. Éstos utilizan líneas de varios kilómetros de largo con miles de anzuelos que matan peces reservados a pesca deportiva y ribereña, tiburones, mamíferos marinos, tortugas, aves marinas y cientos de especies más, muchas de ellas amenazadas o en peligro (especialmente tiburones). Tal exterminio ecológico es particularmente grave en el Mar de Cortés. La flota industrial sardinera igualmente se beneficia de subsidios a combustibles y embarcaciones, y gracias a ello es capaz de capturar hasta 500 000 toneladas de peces pelágicos menores (esencialmente sardinas) que son la base de cadenas alimenticias y sistemas ecológicos marinos. Esto amenaza con colapsar la pesquería y/o amplificar enormemente su variabilidad natural (Estados Unidos ha cerrado esta misma pesquería por el riesgo de colapso).

Innumerables especies de peces carnívoros, aves marinas, y mamíferos marinos se quedan sin alimento, y los pescadores ribereños sin oportunidades. Lo peor es que 65% de la sardina no se destina a alimento humano, sino que se quema para convertirla en harina como forraje en acuacultura y ganadería, y para exportarla a China. Debe observarse que no hay relación entre capturas pesqueras y subsidios, lo que revela una política sin ninguna referencia de sustentabilidad y que no se ajusta al estado de las pesquerías. Esto explica en parte la sobreexplotación generalizada. Se trata de una inaceptable perversión ecológica, fiscal, social y económica; con el dinero de los contribuyentes.