¿A quién pertenecen los mares de México?

Por: Gabriel Quadri de la Torre

Al analizar los graves problemas de México para gestionar sosteniblemente sus mares surge una pregunta existencial: ¿a quién pertenecen los mares nacionales? ¿Quiénes tienen derecho a valorarlos y a darles diferentes destinos? Hasta ahora, a pesar de que los mares son propiedad de la nación de acuerdo con el Artículo 27 constitucional, pareciera que la industria pesquera posee derechos exclusivos de uso y abuso. Se asume como dueña y vocifera contra toda iniciativa de conservación. Supone que todo el mar territorial y patrimonial debe ser explotado sin cortapisas.

Pesquerías decaen, especies desaparecen y ecosistemas marinos completos son impactados en contra de la sustentabilidad de la propia industria. Actores y representantes de la industria pesquera creen que los mares y sus recursos son su propiedad. Difícilmente admiten otro actor, aunque se trate de intereses públicos o legítimos intereses locales, por ejemplo, a favor de las áreas naturales protegidas, del aprovechamiento sustentable por parte de pescadores ribereños o del turismo de observación no consuntiva de especies y ecosistemas marinos.

El poder de los intereses pesqueros es ubicuo. Hay muchos ejemplos de esta virtual omnipotencia. Recordemos cómo la mayor parte de la zona de exclusión en la sonda de Campeche, donde se localizan las instalaciones estratégicas de la industria petrolera en México, ha sido recientemente abierta a la explotación pesquera, a pesar de riesgos muy claros a la seguridad nacional y a la integridad de la infraestructura. También a pesar de que eso significa romper una verdadera caja de ahorro ecológico y pesquero en el Golfo de México. Destaca asimismo cómo en la creación en diciembre del 2016 de grandes reservas del Pacífico profundo y del Caribe mexicano, la industria pesquera se impuso a la visión conservacionista. En el primer caso, al lograr que la reserva sólo sea aplicable ¡a partir de los 800 metros! lo que es insólito y elimina cualquier restricción práctica a la pesca; el resto de la columna de agua de esa profundidad a la superficie se mantuvo a disposición libre de la industria. En el segundo caso, al permitir la pesca en toda la reserva, además de que las zonas núcleo marinas inician sólo a ¡100 metros de profundidad! El poder de la industria pesquera se manifestó igualmente con el rechazo a la iniciativa de Ley General de Biodiversidad, que pretendía otorgarle a la Semarnat facultades en materia de vedas a la explotación de especies marinas. Otra expresión palmaria del poder pesquero es el fuerte caudal de subsidios que otorga la Conapesca a la industria y que representan más de 70% de su presupuesto, incluyendo subsidios a diesel y gasolina, motores, barcos, cascos y equipamiento a embarcaciones mayores. Los subsidios logrados por la industria pesquera rondan en 2 000 millones de pesos anuales y son detentados en un alto porcentaje por las grandes empresas armadoras de pesca industrial. Otra muestra es que la industria pesquera y la propia Conapesca (capturada por la industria) ignoran lineamientos de la Carta Nacional Pesquera y planes de manejo de pesquerías diseñados por el Inapesca, en el esfuerzo pesquero real y en el otorgamiento de permisos.

La entrega total e insostenible de los mares a la explotación pesquera no está escrita en ningún lado; es consecuencia de un soslayo histórico, institucional y cultural hacia nuestro territorio marino y de la sobrerrepresentación política otorgada a los actores del sector. Esto último, no obstante, que la pesca contribuye con un porcentaje muy pequeño del PIB, apenas 0.1%, y del empleo de la Población Económicamente Activa total: 0.34%.

Los mares son de todos los mexicanos y la conservación en áreas naturales protegidas marinas es un uso y destino estratégico que debe asumirse y hacerse realidad.