Mares y costas de México: prioridad para el próximo sexenio

Por: Beta Diversidad A.C.

La asociación civil Beta Diversidad —con más de 15 años de experiencia, líder del sector ambiental en nuestro país y aliada de la CODEMAR— lanza su propuesta de Agenda Ambiental para el próximo sexenio. A continuación, reproducimos íntegro el capítulo tres, dedicado a los mares y costas de México, con el que coincidimos y respaldamos por completo.

Nuestro país posee un litoral de más de 11 000 kilómetros y una superficie marina territorial y en Zona Económica Exclusiva (ZEE) que es 1.5 veces mayor a su territorio terrestre. Con una cara privilegiada dual a dos océanos y bajo condiciones oceanográficas y fisiográficas extraordinarias, los mares y costas de México albergan una riqueza biológica con pocos paralelos en el mundo.

A diferencia de la tierra (que en México es casi en su totalidad privada: ejidal, comunal e individual), los mares y costas son propiedad pública. Sus recursos son Recursos Comunes o Bienes Públicos, patrimonio de todos los mexicanos, actuales y de generaciones futuras. Sin embargo, a pesar de contar con diversas Áreas Protegidas Marinas, México carece de instituciones, autoridades y políticas consecuentes con la naturaleza pública, integrada, territorial y ecosistémica de mares y costas. Desde épocas prehispánicas y coloniales el mar para México ha sido siempre una especie de frontera a trastienda, un mundo ajeno o ámbito de último recurso para canalizar necesidades sociales y de empleo, o de manipulación política y clientelar de pescadores. En la actualidad, se ha asumido y concedido como propiedad privada a la industria pesquera, como espacio exclusivo de explotación total de los recursos bióticos. Apenas con el reciente decreto del Parque Nacional Revillagigedo, en el océano Pacífico, se logró por primera vez en la historia sustraer 5% de la ZEE a la explotación pesquera para destinarlo a la conservación y a su disfrute a través del turismo de naturaleza.

La elevación del nivel del mar por el cambio climático exige infraestructuras de protección costera y una autoridad de ingeniería marítima (hoy inexistente) para planearlas, diseñarlas y construirlas. La contaminación por descargas de aguas residuales municipales y de retorno agrícola es ubicua. La Zona Federal Marítimo Terrestre es presa de la anarquía y la degradación. México carece de una flota oceanográfica a la altura capaz de generar la ciencia y el conocimiento técnico indispensables para el manejo integral de mares y costas. Y lo peor, la pesca devasta pesquerías, ecosistemas y especies en un escenario de ilegalidad, uso de tecnologías y artes de pesca depredadoras, ausencia de regulación y vigilancia eficaces, y falta de Áreas Marinas Plenamente Protegidas y a salvo del saqueo pesquero industrial y artesanal.

En este escenario, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) actúa aprisionada como juez y parte en un insalvable conflicto de interés y capturada por la industria pesquera. Al grado de que más de 70% de su presupuesto se destina a subsidios a combustibles, motores y embarcaciones, mientras gobernadores populistas e irresponsables se suman al frenesí de subvenciones. Los subsidios aumentan el esfuerzo pesquero y empujan aún más la sobreexplotación de pesquerías, especies y ecosistemas. Los subsidios deben eliminarse por completo y, en su caso, transformarse en apoyos directos al ingreso de las familias pesqueras más pobres, que les permitan su reconversión productiva.

Los ecosistemas costeros son esenciales en una perspectiva de resiliencia ante el cambio climático, así como de estabilización costera, conservación de la biodiversidad y sustentabilidad de pesquerías. Tal es el caso estratégico de los manglares que deben ser protegidos a toda costa, conservados y restaurados.

Es esencial crear una Subsecretaría o Agencia Mexicana de Mares y Costas en Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y transferirle facultades de regulación pesquera desde CONAPESCA, así como el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), que debe transformarse en Instituto Nacional de Ecología Marina. La nueva entidad debe además tener facultades de gestión integral de la Zona Federal, al igual que de regulación de descargas de aguas residuales en aguas costeras, de regulación y ordenamiento de actividades mineras en los fondos marinos y de ingeniería y planeación de infraestructura de protección costera. Esto, aparte de atribuciones para el Ordenamiento Ecológico Territorial de nuestros mares y costas, y para trabajar de la mano de la Guardia Costera y Capitanías de Puerto de la Secretaría de Marina en tareas de vigilancia y aplicación de la ley.

Y por supuesto, debe decretarse hasta 30% del territorio marino como Áreas Marinas Plenamente Protegidas de la pesca y de la minería en un gran Cinturón Azul a nuestro territorio terrestre. Téngase en cuenta que las Áreas Naturales Protegidas con zonas de exclusión pesquera (No Take Zones) son esenciales para garantizar la conservación de pesquerías, fungir como viveros de especies comerciales, recuperar recursos sobreexplotados y exportar organismos fuera de su perímetro, procesos fundamentales para lograr una pesca productiva y sostenible. Las Áreas Protegidas Marinas con zonas de exclusión pesquera se constituyen como un pilar de la conservación en el mar y del desarrollo de una pesca sostenible, por ser refugio, vivero, zona de reproducción, desove y alimentación, y por el efecto de derrame (spillover) hacia fuera de su poligonal. Las Áreas Naturales Protegidas en el mar con exclusión pesquera son la afirmación por parte del Estado de que el territorio marino de nuestro país es patrimonio de todos los mexicanos, de generaciones presentes y futuras, y no propiedad exclusiva de la industria pesquera.

Por otro lado, es fundamental la actualización de la normatividad (NOM-059) en materia de especies amenazadas y en riesgo, introduciendo en ella a especies al borde del exterminio como tiburones, rayas, sierras, meros y muchas otras cuya explotación y comercialización debe prohibirse, o al menos restringirse severamente. De igual manera, es preciso crear Refugios de Vida Silvestre en mares y costas que permitan poner a salvo a las especies más emblemáticas. También es indispensable introducir nuevos instrumentos de regulación pesquera basados en topes máximos de captura por región y especie, y derechos correspondientes asignados a pescadores, que puedan ser transferibles en transacciones bilaterales o mercados (ITQ). De la misma forma, deben crearse derechos de propiedad territorial para comunidades y cooperativas pesqueras y empresas (TURF), al igual que concesiones y permisos de pesca con límites territoriales claros y precisos. Todo ello permitiría alinear los intereses privados de explotación y rentabilidad a largo plazo con la conservación y manejo sostenible de pesquerías.

También es fundamental la prohibición o limitación y regulación seria de artes de pesca depredadoras y poco selectivas como redes de arrastre, palangres y redes agalleras. Debe imponerse la ley de manera categórica y eficaz en el Alto Golfo de California, y tomarse todas las decisiones necesarias para impedir la extinción de la vaquita marina.

Las pesquerías sobreexplotadas deben ser objeto de estrictas medidas de regulación, limitación severa del esfuerzo pesquero y de programas creíbles y verificables de recuperación. Para ello, es exigible la actualización seria y periódica de la Carta Nacional Pesquera como instrumento básico de regulación en el sector; ésta debe ser responsabilidad del nuevo Instituto Nacional de Ecología Marina radicado en SEMARNAT.

Toda la legislación y normatividad ambiental, pesquera, de Zona Federal Marítimo-Terrestre, y de aguas residuales relevantes debe ser aplicada con rigor. La aplicación de la Ley y la vigilancia en mares y puertos de desembarco por la Guardia Costera y las Capitanías de Puerto será un factor esencial, en particular, a través de la aplicación de tecnologías satelitales de identificación y rastreo de embarcaciones. La aplicación de la ley y la seguridad pública en playas y costas debe ser componente crucial en estrategias de seguridad, no sólo por razones de conservación y uso sostenible de recursos, sino como fundamento para un desarrollo turístico exitoso que genere empleos e ingresos y que conserve el capital natural de nuestro país.