Carta abierta a la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT)

A propósito de la 92o Reunión de la CIAT que se realizará en la Ciudad de México del 24 al 28 de julio.

Por: Codemar

La industria pesquera considera que todos los mares mexicanos son de su exclusiva propiedad. Atuneros, camaroneros, sardineros, palangreros y pescadores ribereños explotan frenéticamente nuestros ecosistemas marinos, provocando profundos impactos ecológicos que atentan incluso contra la sostenibilidad y permanencia de su forma de vida y negocio a largo plazo. La presencia y regulación del Estado es escasa en este sector, por limitaciones y carencias, corrupción, ilegalidad y graves fallas institucionales.

No obstante, en el caso del atún, siendo una especie migratoria (y segundo producto pesquero en importancia económica en México después del camarón) existe una institución regional encargada de administrar la pesquería, en principio, con el fin de lograr una distribución equitativa y sostenible de los beneficios entre distintos países. Se trata de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), a cargo de la pesquería de atún en el Pacífico Oriental tropical. Si bien esta instancia representa y reproduce los intereses de las empresas atuneras y autoridades nacionales pesqueras, constituye un espacio que en potencia puede ofrecerse como instrumento para el manejo sostenible y la conservación de los ecosistemas marinos en el Pacífico.

La CIAT tiene la gran responsabilidad de regular en todo el Pacífico Oriental actividades pesqueras por parte de embarcaciones que usan redes de cerco (cerqueras) sobre delfines y sobre plantados (Dispositivos de Agregación de Peces o FAD por sus siglas en inglés), y palangres (palangreras) a escala industrial para la captura del atún. En ellas, además de la explotación de las propias especies objetivo (atún aleta amarilla y atún aleta azul), se capturan y matan muchas especies de fauna marina de manera deliberada (tanto barcos palangreros, como de cerco o cerqueros, y que utilizan plantados) o supuestamente “incidental”; tal es el caso de delfines, tiburones, mantarrayas, tortugas, pez vela, pez espada, diversas especies de marlín y aves marinas. Esto ocurre tanto de manera formal y legal, bajo anuencia o supervisión de la CIAT, como en forma ilegal, no reportada o no regulada.

La CIAT debería asumir tres objetivos esenciales, de los que hasta ahora ha quedado lejos:

  1. Mantener estables los stocks de atún aleta azul, atún aleta amarilla y otras especies de túnidos en niveles sostenibles a largo plazo.

  2. Reducir o evitar el impacto, sobreexplotación, colapso y extinción de otras especies de gran relevancia ecosistémica que están asociadas a la pesquería de atún.

  3. Evitar la ilegalidad y la pesca no regulada o no reportada.

Por un lado, ha sido incapaz de impedir el aumento en el esfuerzo pesquero por el crecimiento en el número de embarcaciones y tiempo de faena en las flotas atuneras del Pacífico Oriental. Esto pone en peligro la sostenibilidad de las pesquerías de atún. El atún aleta azul(Thunnus orientalis) ha sido diezmado a menos del 2.6% de su población original, y a pesar de ello, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), con anuencia de la CIAT, sigue autorizando alrededor de 3 000 toneladas anuales de captura para su engorda en ranchos atuneros en las costas de Baja California, y su exportación al Japón.

En cuanto al atún aleta amarilla, sus poblaciones se encuentran en el límite de lo sostenible y en riesgo de caer en una pendiente de colapso. La capacidad de la flota atunera y el esfuerzo pesquero han aumentado incontrolablemente hasta duplicar el nivel estimado como óptimo sostenible. Alcanza ya los 300 000 metros cúbicos de volumen de bodega. Las políticas de regulación del esfuerzo pequero por parte de la CIAT, basadas en vedas temporales y espaciales, han resultado inútiles. Sin embargo la CIAT ha insistido en ello de manera inexplicable; el 17 de junio decretó otro mecanismo de vedas temporales, que tendrá un efecto muy poco significativo en el esfuerzo pesquero total. Por ello, la Unión Europea ha exigido a la CIAT medidas reales de regulación, a través del establecimiento de un tope de Captura Total Permisible para toda la flota que opera en el Pacífico Oriental.

El sistema de Captura Total Permisible ha sido ya aplicado con éxito en Estados Unidos, Canadá, el Mar del Norte, Islandia, Nueva Zelanda, Australia, Chile, Argentina y Sudáfrica. Implica definir una cuota total global con base en información científica, que cuando se alcanza conlleva el cierre de la pesquería en la temporada correspondiente. De manera obvia, las flotas más eficientes ganan en este sistema, y las menos eficientes se ven obligadas a salir gradualmente del negocio. En este sistema puede estructurarse un mecanismo de mercado de cuotas individuales (Individual Transferable Quotas) supervisado por la autoridad, y que requiere sólidas capacidades regulatorias, de monitoreo y vigilancia.

Más allá de los atunes, los impactos de la pesca sobre especies y ecosistemas marinos son devastadores. Cientos de delfines (todavía, a pesar del embargo atunero) y miles de tiburones de diversas especies (incluyendo tiburones martillo, sedosos, tigres, de Galápagos, de punta blanca, azules, makos y muchos más) son muertos por las flotas palangreras, que utilizan plantados y cerqueras o que usan redes de cerco, por lo que hay una gran preocupación en la comunidad internacional en la medida en que muchas de ellas se encuentran amenazadas, vulnerables o en peligro de extinción. De hecho, las poblaciones de estos grandes depredadores han sido abatidas hasta menos del 10% de su tamaño original en el planeta con graves consecuencias para los ecosistemas marinos. Mencionemos que México es el sexto país en el mundo en exterminio de tiburones, ya que en nuestros mares se da muerte a entre seis y 10 millones de ejemplares cada año, lo que ha llevado a muchas especies al borde la extinción. No obstante, la autoridad ambiental (la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT) no tiene facultades ni capacidades para impedirlo.

La ilegalidad, también es ubicua. Muy pocos barcos palangreros llevan observadores a bordo, no existen mecanismos eficaces de inspección y vigilancia de desembarcos en los puertos, no hay registro ni control de embarcaciones menores, y el sistema de identificación y monitoreo satelital es aún muy deficiente.

La 92 Reunión de la CIAT, en la Ciudad de México del 24 al 28 de julio, debe contar con una decidida participación del gobierno mexicano, y no sólo de la CONAPESCA, sino de la SEMARNAT y de la sociedad civil. En realidad, la SEMARNAT debe tener un asiento con voz y voto en la CIAT.

Es vital que la CIAT adopte resoluciones eficaces que permitan evitar el exterminio de tiburones y otras especies, impedir la extinción o el colapso total de las poblaciones de atún aleta azul, mantener la sostenibilidad en las capturas de atún aleta amarilla y otros túnidos, y combatir decididamente la ilegalidad y la pesca no reportada o no regulada.

En este sentido, es preciso adoptar urgentemente las siguientes medidas y políticas:

  1. Que la CIAT tome en cuenta la opinión de su propio Comité Científico Asesor para reconstruir las poblaciones de atún aleta azul del Pacífico al menos hasta el 40% de su tamaño original para alcanzar su Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) hacia el año 2030. Esto, a partir de un plan de recuperación bien diseñado con base en puntos de referencia y reglas de control de captura, y una veda total de al menos tres años, que debe decretarse de inmediato.

  2. El establecimiento de un sistema de Captura Total Permisible de atún aleta amarilla y otras especies de túnidos en el Pacífico Oriental con base en información científica verificable, transparente y abierta al público.

  3. La imposición de limitaciones, sistemas de monitoreo y regulaciones estrictas sobre el uso de Dispositivos Flotantes de Agregación de Peces (Plantados o FAD por sus siglas en inglés), para evitar la captura indiscriminada de individuos juveniles de atún aleta amarilla y atún patudo, así como el enmalle y muerte de diversas especies de tiburones y otras especies clave para el ecosistema.

  4. Establecer la obligatoriedad de un sistema de observadores en barcos palangreros que permita una cobertura estadísticamente significativa (al menos en 20% del esfuerzo) de sus operaciones e impactos ecológicos, y exigir a los países miembros el uso de artes de pesca más sostenibles (como anzuelos circulares), mecanismos de registro, información fidedigna, monitoreo y reporte electrónico de barcos, actividades y capturas.

  5. Adoptar medidas estrictas de conservación de tiburones, y establecer las disposiciones necesarias para impedir la captura, muerte y retención de individuos, especialmente de tiburones sedosos, tiburones martillo, tiburón azul y tiburón mako amenazados o en peligro de extinción. En todo caso, debe hacerse una inspección y vigilancia eficaz que impida estrictamente el corte de aletas de tiburón (aleteo) y su desembarco sin estar adheridas naturalmente al cuerpo correspondiente de animal. La CIAT debe establecer sistemas de inspección, información y monitoreo fidedignos sobre la captura y estado de las distintas poblaciones de tiburones en el Pacífico Oriental.

  6. LA CIAT y sus Estados miembros (entre ellos, México) deben establecer medidas y políticas eficaces para combatir la pesca ilegal, no reportada y no regulada a través de mecanismos de inspección y vigilancia en puertos y sitios de desembarco (Port State Measures), a las cuales por cierto, inexplicablemente, México no se ha adherido; vigilancia e intercepción en aguas territoriales y Zona Económica Exclusiva; señalamiento y listado público permanente de barcos ilegales o fuera de regulación y reporte; registro de la Organización Marítima Internacional (OMI) de todos los barcos pesqueros que operan en el Pacífico Oriental; y un sistema integrado (centralizado y en cada país) en tiempo real de monitoreo satelital de operación y capturas de todos los barcos.

  7. La CIAT abra todas sus bases de datos, análisis e información científica de manera transparente y expedita a la opinión pública, autoridades ambientales de sus estados miembros, organizaciones e instituciones de investigación.

Particularmente en México, es preciso adoptar cambios institucionales estructurales en las políticas pesqueras y de mares y costas. Los peces son vida silvestre y la pesca depende de la integridad de los ecosistemas marinos. Debe ser parte de una política integral construida sobre principios de conservación y gestión ecosistémica y de estricto cumplimiento de la ley y vigencia del estado de derecho. Por ello, es preciso:

  1. Transferir las facultades de regulación pesquera de SAGARPA-CONAPESCA a la SEMARNAT.

  2. Crear en SEMARNAT una Subsecretaría o Agencia Nacional de Mares y Costas.

  3. Transferir una parte del Instituto Nacional de la Pesca a la SEMARNAT donde asumiría funciones como Instituto Nacional de Ecología Marina.

  4. Consolidar las facultades de inspección y vigilancia pesquera, y aplicación de la ley en la materia en la Secretaría de Marina Armada de México a través de la Guardia Costera.

  5. Dotar a la Guardia Costera de las capacidades de personal, de equipamiento y logísticas para cumplir cabalmente con sus funciones.

  6. Ampliar considerablemente las Áreas Naturales Protegidas marinas con exclusión total de la pesca comercial.

  7. Iniciar con el decreto de un gran Parque Nacional con exclusión de pesca comercial en el Pacífico en torno a las Islas Revillagigedo.

Foto: cortesía de @stickfish