Sagarpa: subsidios contra sustentabilidad

Por: Gabriel Quadri

Agricultura, ganadería y pesca destacan en México por sus profundos impactos ambientales y por desarrollarse al margen de toda lógica discernible de sustentabilidad. Son actividades económicas que hacen un uso extensivo del territorio, con un poder enorme de transformación. La ganadería ocupa más de 60% del territorio nacional, mientras que la agricultura de 20% a 25%. Sin embargo, permanecen fuera del alcance real de la política ambiental. Por su lado, ningún rincón del territorio marino y costero está a salvo de la explotación pesquera (que en México también escapa a cualquier regulación ecológica relevante), tal vez con la única excepción de la Zona de Exclusión Pesquera de la Sonda de Campeche, establecida en 2003, ahora en riesgo de ser abolida.

Por su propia dinámica y naturaleza, agricultura y ganadería son influencia determinante en la deforestación minuciosa del territorio nacional terrestre y en el agotamiento de sistemas hídricos, erosión y desertificación, contaminación de aguas subterráneas superficiales y costeras, y en la emisión de gases de efecto invernadero. En el territorio marino, la pesca es protagonista del colapso de pesquerías, extinción de especies y deterioro de ecosistemas. El único instrumento de política ambiental que logra contener ocasionalmente a la agricultura, ganadería y pesca son las áreas naturales protegidas.

La expansión de estas actividades tanto en modalidades de subsistencia como comerciales es impelida por subsidios, núcleo duro de la política pública agropecuaria y pesquera. Sólo son constreñidas por su propia improductividad, por agotamiento de suelos y recursos, por nuevos patrones de intercambio, y por emigración de población rural hacia zonas urbanas y hacia otros sectores económicos. Tres son los programas de subsidio de Sagarpa que destacan por sus onerosos impactos ambientales.

El primero es el antiguo Procampo (PROAGRO Productivo), que entrega dinero por hectárea a productores agrícolas en diferentes categorías. La más alta (productores de autoconsumo de menos de tres hectáreas y en zonas más pobres) alcanza 1 500 pesos por hectárea al año. De ahí, a 700 pesos por hectárea para productores comerciales con hasta 80 hectáreas en dos ciclos agrícolas (primavera-verano, otoño-invierno). Así, el monto total transferido gratuitamente a un productor agrícola puede llegar a 56 000 pesos anuales. Pero el problema es más grave. Se obliga a productores beneficiados con este subsidio a “sembrar la superficie elegible”; lo que en el caso de la agricultura de subsistencia equivale a la obligación de desmontar o de impedir la regeneración natural o sucesión ecológica de los ecosistemas, y a encadenar a los campesinos a la explotación improductiva de la tierra como vector implacable de deforestación y pobreza.

El segundo, Progan (o Programa de Producción Pecuaria) tiene una lógica similar. Por ejemplo, Progan entrega anualmente en efectivo 300 pesos por vientre bovino, hasta un número total de 35 vientres, lo que reporta 10 500 pesos anuales al ganadero. Independientemente de la racionalidad pública del regalo, el problema es que representa un inductor de expansión ganadera a costa de ecosistemas naturales.

El tercero son los subsidios a la pesca, como el de capitalización, que cubre hasta 90 000 pesos por motor y 50 000 pesos por embarcación a cargo del erario. Otro es el subsidio a combustibles, de dos pesos por litro al diésel marino y gasolina ribereña: hasta dos millones de litros por unidad productiva (4 000 000 de pesos) en el caso del diésel, y 10 000 litros (20 000 pesos), en el caso de la gasolina ribereña. Claramente, ambos configuran un poderoso incentivo al esfuerzo pesquero excesivo y de sobreexplotación de ecosistemas marinos.

De tal forma, el total aproximado de subsidios de Sagarpa que gravitan decisivamente como intensa presión sobre la biodiversidad asciende a 18 000 millones de pesos anuales. En contraste, el presupuesto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, casi su único antídoto eficaz de política ambiental, es sólo de 1 100 millones de pesos anuales. Conclusiones obvias.